Si bien de forma
aparente la Fiscalía General de la Nación está avanzando determinadamente con
los casos de corrupción, requiere que detengamos a mover la cortina y tratar de
barajar hipótesis políticas sobre los procedimientos legales de los órganos y
funciones. No se necesita conocer
demasiado el Derecho para deducir que es ilegal el pedido de autorización que
hace Fiscalía a la Asamblea Nacional para la vinculación de Jorge Glas Espinel en
las investigaciones penales de los casos de corrupción. El artículo 120 numeral
10 establece como atribución del legislativo “Autorizar con la votación de las
dos terceras partes de sus integrantes, el -enjuiciamiento
penal- de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o
Vicepresidente de la República”. El
artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal clasifica literalmente las
etapas del procedimiento penal (1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de
juicio, 3. Juicio). Aún no se llega a
etapa de juicio, se halla en etapa de investigación por lo cual no es
atribución de la Asamblea dar permiso a que se proceda o no a investigar, lo
que le compete es evaluar los fundamentos recabados para dar paso o no al
enjuiciamiento. Insisto, no necesitamos
ser expertos jurídicos para determinar que el Parlamento se atribuiría
funciones que no le competen en este momento del proceso. Esto más bien nos lleva a sospechar de una
posible estrategia de Alianza País para dilatar o desbaratar los procesos penales
y con ello dejar en la impunidad insostenible Vicepresidente metiendo el caso
en una supuesta laguna jurídica y agotando el poco tiempo que queda para que
acabe el plazo. En el caso de que la
Asamblea no reúna las dos terceras partes de la votación ¿Qué sucederá con el proceso,
regresará, se estancará, avanzará? Lamentablemente puede tratarse de una muy
sucia e inconstitucional acción que destruya, en el escenario político, lo que
debería avanzar en el escenario legal. No
podemos como sectores populares permitir estas arbitrariedades que tienen el
más tóxico resultado para el país, normalizar la corrupción e institucionalizar
la impunidad.
Aquiles Hervas Parra
24 de agosto de 2017
